En agosto de 2020, el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, publicó el decreto 690/2020, donde declaró a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) como servicios básicos esenciales y estratégicos. Además, le otorgó al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) la potestad de regular los precios de los servicios prestados.
El DNU presidencial también ordenó que estas actividades comerciales no tengan aumentos para ese mismo año. El conflicto de este decreto es que las empresas no quieren perder la potestad de aumentar los precios de los servicios.
Telecom, la disputa nacional
Este año, la justicia tomó una medida cautelar de seis meses donde suspende el mencionado DNU presidencial. En este contexto, el ENACOM dispuso que se revierta esta situación y que todes los usuaries tengan acceso a la prestación básica como derecho fundamental.
Nota al pie dialogó con Natalia Vinelli, funcionaria del ente regulador, quien mencionó que “la pandemia lo que hizo fue poner en foco toda una serie de desigualdades que son preexistentes […] el acceso a la conectividad es un derecho humano, básico, esencial”. Además, agregó que es fundamental como puerta de acceso a otros derechos.
En ese sentido, la funcionaria refirió que toda la sociedad debe tener derecho a la salud, a la educación y a las telemedicinas; así como a completar trabajos a través de plataformas virtuales, etcétera.
“Hoy todo lo que tiene que ver con internet es fundamental para el desarrollo de las relaciones sociales”, comentó. En este marco, la disputa empresarial es por la potestad a la hora de decidir acerca del presupuesto de las tarifas de los servicios.
Las TICs, un servicio esencial para todes
“El Estado tiene que garantizar la provisión del servicio universal, tiene que garantizar el derecho a la conectividad para todos los habitantes de este suelo”, refirió Vinelli en relación con el rechazo por parte de esta empresa. En este sentido, dejó en claro que el servicio debe ser otorgado a les habitantes de Argentina que atraviesan una amplia desigualdad en relación con les usuarios que si tienen acceso a las TICs.
¿Es necesario el refuerzo del sistema tecnológico?
Es necesario que se refuerce el acceso a internet porque no en todos lados llega el 3G o el 4G. Hay comunidades rurales, pueblos originarios que no tienen acceso a internet, de la misma manera de que muchos barrios populares carecen de conectividad.
Es fundamental poder avanzar en el desarrollo y despliegue de infraestructura para poder llevar, siempre que se pueda, fibra óptica a todos los hogares y no haya argentinos y argentinas de primera y de segunda.
¿Cuál es la situación del fallo judicial con respecto a las telecomunicaciones?
Es una cautelar que mete Telecom, y esa cautelar hace que la empresa no cumpla con lo que establece el decreto 690 y las resoluciones de ENACOM que operativizan ese decreto de necesidad y urgencia.
Hoy Telecom aumenta los precios de los servicios de telecomunicaciones de internet, de telefonía móvil, de TV por cable, corriéndose de la regulación del Estado que sería la regulación que debería llevar ENACOM; y tampoco pone a disposición a las personas que más necesitan el plan básico universal.
Obviamente, esto es por seis meses y ENACOM lo que hizo es presentarse, llevar el tema a la Corte Suprema de Justicia […] es fundamental el rol de regulación del Estado sobre el mercado de las telecomunicaciones. Es un mercado que está concentrado, compañías con mucho poder de fuego concentran un mayor número de abonados; pero que a su vez es un ecosistema donde hay 1200 actores de los cuales la enorme mayoría son cooperativas, PyMEs, cooperativas de servicios que sí están cumpliendo con la norma.
Comunicación ¿social, amplia y equitativa?
Nota al Pie también dialogó con el periodista, coordinador del programa Radio Encuentro e integrante del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), Néstor Busso. El entrevistado detalló que “la comunicación es un derecho; el derecho a la comunicación para todas las personas y cuando hay concentración de medios, concentración de la información hay violación a ese derecho”.
“Pluralidad y diversidad son condiciones en la comunicación para asegurar la democracia”, opinó Busso. En este sentido, exigió: “se deben poner límites a los grupos poderosos, a los grupos concentrados, al poder económico; y al mismo tiempo fomentar y promover las formas, los instrumentos de expresión y de participación de los sectores más de débiles de la sociedad”.
“El Estado tiene que intervenir para garantizar ese derecho a la comunicación que incluye la libertad de expresión, el derecho a la información; para garantizar ese derecho tiene que haber diversidad y pluralidad”, mencionó el periodista.
Judializaciones y derechos
“Ese fallo es vergonzoso, los dos jueces de la cámara de lo contencioso administrativo convierten un derecho en un negocio”, expresó. Además, adhirió que “incluso en el negocio privilegian el interés de la empresa por sobre las necesidades del conjunto de los usuarios y de los sectores más débiles”.
Las TICS, un negocio gigante
“Según el decreto 690 tendrían acceso, tendría la posibilidad de un servicio básico con una tarifa social. Desde la Coalición por una Comunicación Democrática y desde FARCO hemos repudiado, rechazado ese fallo vergonzoso”, contó.
En relación a esto, el periodista advirtió que “en tiempos de pandemia es fundamental. Consideramos que es un servicio público esencial y no entendemos cómo estos jueces pueden decir que es una cuestión de negocios y afecta el interés económico de la empresa”.