El 25 de abril de 2020, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, dieron a conocer a través de la página oficial del Estado un convenio firmado por ambas instituciones. El mismo consistía en la creación e implementación de un programa que buscaba brindar “oportunidades a las mujeres y personas LGBTI+ para el desarrollo de su autonomía económica y para facilitar herramientas para vivir una vida libre de violencias”.
Aproximadamente a un año de esta publicación, la organización feminista y politica “Mujeres de la Matria Latinoamericana” (Mumalá) junto con Libres y Diverses Nacional, hicieron público su reclamo exigiendo al Estado que garantice el acceso y cobro del Potenciar Trabajo para personas victimas de violencia.
De cara a esto, Nota al pie pudo dialogar con Silvia Ferreyra, Coordinadora Nacional de Mumalá, quien detalló cómo y por qué surge este reclamo.
Mumalá y el acompañamiento a víctimas de violencia
Mumalá, es una organización nacional que viene trabajando hace tiempo con la temática en cuestión. Cuenta con un Observatorio denominado “Mujeres, Disidencias, Derechos” que se encarga de la recolección de datos, estudio y análisis de los casos de femicidios cometidos en todo el país.
También cuenta con una militancia comprometida que brinda información, contención y acompañamiento a víctimas de violencia.
Con la problemática en cuestión y la experiencia de acción colectiva, el grupo feminista se informó y comprometió al acompañamiento en el ingreso al programa Potenciar Trabajo para aquellas personas que sufren de violencia de género .
“Nosotras estamos desde hace un año con este programa de asistencia económica para las personas que atraviesan situaciones de violencia machista. Y en lo que hace nuestra experiencia no viene siendo muy buena” informó Silvia.
Al comienzo, no les fue fácil lograr acceder a la información de la implementación del programa y una vez que lo obtuvieron comenzaron a presentarse otras trabas.
Ferreyra expresó a Nota al Pie: “Hicimos un listado con las personas que en principio teníamos contactadas en todo el país con necesidad de ingresar al programa. Esto fue en abril del año pasado. Lo presentamos ante el Ministerio de las Mujeres Género y Diversidad de Nación. Tardaron dos meses en respondernos, en plena cuarentena, lo hicieron luego de que enviáramos una carta al Presidente Alberto Fernández.”
Además destacó que “En ese momento registrábamos un femicidio cada 29hs en nuestro país. Entregamos el listado al Ministerio de Desarrollo Social, supuestamente la vía más rápida.” Y puntualizó que “La mayoría de las personas inscriptas esperaron casi seis meses para lograr el ingreso efectivo al programa.”
Asimismo, a la organización “Se nos presentó un caso en Santiago del Estero, que a poco de empezar a cobrar fue femicidio”.
Limitaciones del programa
Cuando se hizo público la propuesta de “Potenciar Trabajo” para personas en situación de violencia de género, el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo sostuvo: “es clave para brindar ayuda, para destinar recursos a gran parte de las mujeres que sufren situaciones de violencia, para generar acompañamiento y que el Estado diga ‘presente’ en este tema que es central de la Argentina de hoy”.
Pese a que este era uno de los objetivos principales en la planificación de esta política pública, al volcarla a la realidad y ponerla en práctica se vió enfrentada a una serie de dificultades.
“Uno de los requisitos para ingresar al programa es una entrevista con un trabajadora social o profesional que dé cuenta de la situación de violencia y vulnerabilidad”, explicó Ferreyra y destacó que este requisito no es solicitado para el resto de personas que buscan acceder al Potenciar Trabajo, sólo para aquellas que sufren violencia.
“Muchas personas que están en situaciones críticas de vulnerabilidad y emergencia se anotan con organizaciones y no mencionan la situación de violencia a costa de poder ingresar de manera más rápida al programa”. Esta entrevista a los ojos de la dirigente funciona como una traba concreta para el acceso, agravada además por la pandemia.
“Esta entrevista tiene serias dificultades en el marco de la pandemia ya que no hay manera de concretar de forma presencial” por dicho motivo se debe hacer de forma telefónica o virtual. Esta modalidad también presentaba dificultades, significaba que “muchas de las personas inscriptas no tenían teléfono o compartían teléfono con el agresor” especificó Silvia.
Datos que contextualizan
Según los datos brindados por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, en el periodo de Enero a Diciembre del 2020, en tres sedes de la línea 144 se recibió un total de 108.403 comunicaciones de las cuales 90 % fueron víctimas de situaciones de violencia doméstica y el 37 % afirmó haber estado en situación de violencia económica y patrimonial.
Por otro lado, el Observatorio Mumalá “Mujeres, Disidencias, Derechos” informa que de 1 de Enero a 30 de Abril del 2021, “se cometieron 74 Femicidios, femicidios vinculados y trans / travesticidios” de los cuales 71% se produjo en la vivienda de la víctima o compartida.
Los datos antes expuestos contextualizan la situación que cotidianamente enfrentan las personas víctimas de violencia de género en Argentina y es el entramado donde surgen y se desarrollan las políticas públicas enfocadas en esta temática.
Lo que se busca
De cara a esto y en relación a la medida “potenciar Trabajo para Víctimas de violencia de género” la coordinadora nacional de Mumalá considera que la “entrevista como requisito para el ingreso es revictimizante, está completamente fuera de lugar porque el programa en sí brinda asistencia económica y un ingreso al mundo del trabajo pero no contempla un seguimiento por parte de profesionales que aborden la situación de violencia, que sería lo correcto, en eso el Estado sigue ausente, mas a nivel local que es el más crítico”.
Por dicho motivo, desde Mumalá exigen buscar la solución para eliminar la entrevista, agilizar el proceso y garantizar el ingreso de todes, habilitando canales para el acompañamiento profesional de quienes lo requieran.
Ven con preocupación que el Potenciar Trabajo sea incompatible con el Programa Acompañar que consiste en “Apoyo económico equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil por 6 meses consecutivos a mujeres y LGBTI+ que se encuentran en situación de violencia de género y Acompañamiento integral y acceso a dispositivos de fortalecimiento psicosocial”. De no poder ser así, buscar la solución para eliminar la entrevista o agilizar y garantizar el ingreso de todes.
“Seguimos teniendo 1 femicidio cada 39hs.Más allá de las buenas intenciones que pueda haber, en definitiva estas políticas tal cual se están implementando no logran modificar la situación de base que seguimos teniendo en cada una de las localidades” explicó Ferreyra.
Plan de acción
La coordinadora Nacional de Mujeres de la Matria Latinoamericana explicó que en las próximas semanas buscarán llevar a cabo una reunión con los ministerios para poder expresar sus inquietudes y la necesidad de una correcta implementación del programa.
Además resaltó que “desde diciembre se presentaron 500 solicitudes y solo fueron entrevistadas 34 personas, lo que implica una demora importante en las respuestas” y que “es preocupante de cara a la segunda ola de Covid-19 que ponen más crítica la situación para quienes atraviesan situación de violencia dentro de su hogar”.
Frente a esto la organización elevará los pedidos correspondientes y aguardará respuestas, esperando generar soluciones a las víctimas de violencia que todavía no pudieron acceder al programa.