May 6, 2021 | Zona Ambiental

El pueblo de Tucumán se moviliza por Andalgalá

Distintas organizaciones socioambientales marcharán este viernes 7 para pedir la desvinculación de la Universidad Nacional de Tucumán del Proyecto MARA.
Manifestación en las puertas de la Universidad nacionales de Tucumán. Foto: La Izquierda Diario.

Organizaciones y asambleas socioambientales se movilizan este viernes 7 de mayo en contra de la megaminería y en apoyo a les habitantes de Andalgalá, Catamarca. Si bien la actividad estaba prevista para este martes 4, fue reprogramada coincidiendo con el Día Nacional de la Minería. 

La marcha iniciará en el Rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), que tiene estrecha relación con el Proyecto Minera Agua Rica – Alumbrera (MARA) y finalizará frente a la Casa de Gobierno

En diálogo con Nota al Pie, la integrante de la Red Socioambiental Tucumán y parte de la comunidad diaguita El Mollar, Lourdes Albornoz, expresó “la importancia de pronunciarse sobre lo que sucedió y sigue sucediendo en Andalgalá”. 

Albornoz explicó que desde el espacio buscan poner en agenda “la problemática del extractivismo en general y de la megaminería a cielo abierto, metalífera, contaminante, en este momento en particular”.

Una universidad pro-minera

La también trabajadora social egresada de la UNT e integrante del Tejido de Profesionales Indígenas en Argentina, indicó que la casa de altos estudios “tiene participación en la empresa Yacimientos Mineros de Agua de DionisioD (YMA)”. La mujer explicó que esta compañía está compuesta por capitales del proyecto MARA, el gobierno de Catamarca y la UNT. 

La zona “viene siendo explotada hace 15 años, ya ha demostrado pérdidas”. Por este motivo, en la Cámara Federal de Tucumán existe una causa judicial por contaminación “que imputa a los CEOS de Minera Alumbrera, y a su gerente general, a Julián Patricio Rooney y a Pedro Mentz”.

La mujer solicitó a la UNT “que se desvincule del proyecto MARA Agua Rica”, que es “inviable para la vida, para la biodiversidad, para la continuidad de las culturas”. Además, “resulta un proyecto genocida, que va a terminar con la vida en el pueblo de Andalgalá, pero también con la vida en el norte argentino”.

Implicancias socioambientales del proyecto MARA

Una de las consecuencias socioambientales se manifiesta en la cuenca del Río Salí Dulce está siendo contaminada por el canal DP2, un mineraloducto que va de Catamarca hasta Ranchillos, en Tucumán. Sin embargo, más allá de las pérdidas, “se pretende seguir utilizando esa misma infraestructura”.

Albornoz comentó que la cuenca “riega desde nuestra ciudad de Tucumán el Río de la Plata, liberando mercurio y metales pesados”. Explicó que la actividad de la Alumbrera, unificada ahora con Agua Rica, genera “un desfasaje y una pérdida del equilibrio natural que atañe a todo el norte del país, y a varios poblados, culturas y biosistemas”.

Ahora bien, las consecuencias no son sólo ambientales y señaló que la megaminería también contamina las relaciones sociales y políticas. La mujer explicó que “las empresas extractivistas transnacionales se sientan a negociar con los gobiernos locales, provinciales y con las autoridades comunitarias que representan solamente a una comunidad o dos”.

En consecuencia, la joven denunció que no hay un diálogo, “sino una opresión y una imposición de las ideas de la empresa sobre los demás actores”. Estos se encuentran “en desequilibrio de poder con relación a las mineras”.

Más adelante, Albornoz recordó que, desde 2015, las asambleas socioambientales, las comunidades y pueblos indígenas “han sufrido represión por manifestarse contra de la minería”. Esto sucedió tanto en las localidades catamarqueñas de El Bañado y Andalgalá, como en la tucumana Amaicha del Valle y la riojana Famatina.

Liberades pero aún perseguides

La joven se refirió también a la situación de les integrantes de la Asamblea El Algarrabo detenides y liberades en Andalgalá. “Sabemos que han sido torturados, que hay un grupo parapolicial, provincial, que se llama grupo Kuntur, que ejerció una desmedida violencia”, expresó.

“Primero les pusieron una caución precautoria por la cual tenían que pagar tres millones de pesos en total”, evidenció. Sin embargo, “la mayoría son artistas, trabajadores autónomos o empleados públicos como docentes, y no llegaban a ese monto”.

La trabajadora social manifestó que “gracias a la presión y a la organización de todas las asambleas y pueblos del Noroeste Argentino (NOA)” se les cambió la pena a una caución juratoria y ahora están con libertad condicional.

Además, cabe mencionar que “siguen imputados por delitos de los que no hay prueba, y de los que además se trata de una clara criminalización de la protesta social y de la oposición a la megaminería”.

Albornoz explicó que los informes de impacto ambiental “han sido presentados recién esta semana, mientras tanto el cerro Aconquija sigue siendo perforado”. Así las cosas, el Proyecto MARA sigue avanzando. 

Por eso, el reclamo que levantaron les habitantes de Andalgalá sigue vigente: “que bajen las máquinas, porque es un lugar sagrado para los pueblos indígenas y las comunidades que habitan ese lugar”, gritan les pobladores.

El silencio no les protegerá

Frente a la persecución y amedrentamiento sufrido tanto en Andalgalá como en localidades cercanas, Albornoz da cuenta de la resistencia del pueblo. “Cada vez somos más quienes estamos levantando la voz en contra de este sistema que decidimos llamar ‘dictadura minera’”, manifestó. 

En esa línea, la luchadora ambiental pidió que “se ejerza la Memoria, la Verdad y la Justicia; más allá de las declamaciones sobre un pasado, que sirvan como una brújula para mirar y refundar nuestro presente”.

Desde la Asamblea El Algarrobo comunicaron que pidieron la clausura de Agua Rica, mediante un documento presentado el miércoles 5 de mayo. Esta solicitud “cuenta con el apoyo del Dr. Guillermo Marijuan, fiscal de la Nación”.

Les asambleístas expresaron que “la empresa y el gobierno provincial, en connivencia con el Poder Judicial de la Provincia de Catamarca, pretenden hacernos quedar como violentos y delincuentes”. 

A pesar de los amedrentamientos de, aseguraron que la lucha continuará “hasta que nuestros cerros estén libres de megamineria y nuestrxs vecinxs desprocesados”.

“Aquí no se rinde nadie. Basta de persecución a los pueblos que luchan por su agua”, indica el comunicado de la comunidad que finaliza exigiendo que: “¡Bajen inmediatamente las máquinas del Aconquija, liberen a nuestro cerro!”.

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