Abr 26, 2021 | Derechos Humanos

La impunidad de ayer y hoy: el caso de Walter Bulacio

Un día como hoy, 30 años atrás, moría Walter Bulacio, detenido arbitrariamente y torturado por la Policía Federal. Nota al pié entrevistó a María del Carmen Verdú, abogada de la causa y referente de CORREPI.

El 26 de abril de 1991 murió Walter Bulacio, víctima del abuso policial. Había sido detenido el 19 de abril de 1991, en el marco de una razzia que ocurrió en los alrededores del Estadio Obras, una noche que tocaban Los Redonditos de Ricota. Ese día hubo más de 100 detenides, aunque en los libros de la policía sólo constan 73.

María del Carmen Verdú
María del Carmen Verdú, abogada de la causa y referente de CORREPI, Crédito: Colectivo Manifiesto.

Walter Bulacio era un chico de 17 años que había viajado desde Aldo Bonzi, localidad perteneciente al partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires, junto con sus amigos del barrio, para ver un recital. Pero Walter no volvió. La policía lo paró, sin razón alguna, y lo trasladó, a fuerza de represión y gases lacrimógenos, hasta la comisaría N° 35 del barrio porteño de Nuñez. Allí recibió una fuerte golpiza que le costó la vida. 

La muerte de Walter echó luz a las torturas y a los abusos policiales que vivían les jóvenes en la década del 90’. Esta causa se hizo eco y sentó la base de las primeras movilizaciones antirrepresivas en democracia. En este contexto surgió la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).

María del Carmen Verdú, quien fue abogada de la causa, es la referente de la CORREPI. En diálogo con Nota al Pie, contó cuál es el panorama con respecto a la violencia institucional al día de hoy.

¿Por qué pensás que hoy, 30 años después, aún sigue teniendo vigencia el caso de Walter Bulacio?

La detención, tortura y muerte de Walter puso sobre la mesa el tema de las detenciones arbitrarias, la tortura y el gatillo fácil, al calor de manifestaciones juveniles multitudinarias que sacudieron el escenario de desmovilización de la época. Nació un grito colectivo: “Yo sabía que a Walter lo mató la policía” que perdura hoy, tres décadas después, en las marchas antirrepresivas, pero también –y sobre todo- en los barrios, las canchas y los recitales, en la garganta de jóvenes que no habían nacido entonces, pero hoy levantan la misma bandera porque siguen siendo víctimas de la misma violencia estatal.

Así se construyó un saldo organizativo que se expresa en CORREPI y el conjunto del movimiento antirrepresivo en Argentina. 

¿Por qué hoy siguen ocurriendo detenciones arbitrarias, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya instado al Estado argentino a tomar medidas legislativas que adecúen su ordenamiento jurídico a las normativas internacionales de DDHH?

En Argentina existen, desde siempre, normas, y prácticas no normadas, que habilitan la detención de personas que no están acusadas de cometer un delito ni son requeridas por un juez. Como la facultad para detener personas para “averiguar antecedentes” o “para identificar”, las “faltas” o “contravenciones”, las “razzias”, las detenciones de menores de edad. Son las más eficaces herramientas para el control y el disciplinamiento social.

Las policías -y desde que participan del patrullaje urbano, también la prefectura y la gendarmería- pueden detener a cualquiera por lapsos que varían de 10 a 24 horas, según la jurisdicción, con la detención para “averiguar antecedentes” o “identificar”. En todas las provincias y en CABA rigen los llamados “códigos de faltas” o “códigos contravencionales”, que castigan como si fueran delito conductas que no lo son. 

María del Carmen Verdú y equipo de CORREPI. Crédito: Colectivo Manifiesto.

¿Cómo es y dónde se produce el sistema de detenciones arbitrarias?

El sistema se completa con las “razzias” (detenciones masivas), habituales en los barrios más vulnerables y en lugares de gran concentración de personas, como partidos de fútbol y recitales de música popular, y las distintas modalidades de detenciones de personas de menos de 18 años por el solo hecho de serlo y estar en la calle.

El sistema de detenciones arbitrarias produce decenas de miles de privaciones de libertad sin causa por año y por distrito. Más de la mitad de las personas que pasan por un calabozo policial son víctimas de alguna de estas herramientas para el control social. Dicho de otro modo, más de la mitad de los detenidos que hay en cualquier comisaría, no está allí por una acusación penal. 

Estas detenciones se vinculan de manera directa con las prácticas de recaudación, como pueden atestiguarlo las personas que sobreviven con tareas precarias en la vía pública: venta ambulante de mercadería o artesanías, cuidado o limpieza de automóviles, arte callejero, puestos móviles de alimentos o golosinas, ejercicio de la prostitución, etc. Todas esas personas saben que tienen dos opciones: pagar puntualmente la “cuota” a la comisaría, o ser hostigada sistemáticamente con las detenciones, en las que, además de perder un día de trabajo (y la mercadería, en su caso), nunca falta alguna trompada –en el mejor de los casos- que les recuerde que mejor que denunciar es arreglar. 

Porque el sistema de detenciones arbitrarias, además de ser la puerta de entrada a la tortura, nos cuesta vidas. Más de la mitad de las personas muertas en comisarías, desde 1983 a hoy, estaban detenidos por una contravención o “para identificar”. No estaban aprehendidas o detenidas por orden judicial o delito flagrante. Eran, según el eufemismo policial/judicial, personas “demoradas” o “contraventores”.

Informe especial de Nota al Pie a 30 años del asesinato de Walter Bulacio.

¿Hubo algún cambio en la forma de concebir los derechos humanos a partir de este caso?

Para quienes siguen limitando la lucha por los DDHH al pasado de la dictadura cívico-militar-eclesiástica, no. Para quienes ya entonces decíamos que también en democracia hay represión estatal, fue un largo camino para masificar los reclamos, que continúa.

¿Qué medidas deberían tomarse para terminar con las detenciones arbitrarias y, más aún, con la violencia policial?

Hace años CORREPI promueve la Agenda Antirrepresiva Urgente, un conjunto de medidas que, aunque nunca llegarán a ser la solución de fondo, que requiere una profunda transformación social, pueden reducir, incluso significativamente, los resultados más letales de las políticas represivas estatales.

La derogación del sistema de detenciones arbitrarias es una de las principales medidas que promovemos, y por la que cada año, en la semana del 19 al 26 de abril, convocamos campañas públicas.

Podés ver el resto de la Agenda en www.correpi.org.

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