La causa iniciada en 2017 por el abogado Suarez Colman, cercano a Patricia Bullrich, los imputa bajo las figuras legales de asociación ilícita, extorsión y defraudación a la administración pública. Estas armas judiciales no son normalmente utilizadas para criminalizar las protestas, por lo que desde el FOL creen que es una atropello a su forma de organización.
Guillermina, vocera de la organización, explicó que “se pretende encasillar lo que realizamos en el territorio como un delito”, y además se encuentran perjudicados, tanto por el abogado acusador como por el juez de la causa Hugo Greca, reconocido por criminalizar la protesta social. El delito de extorsión busca crear una visión de que se hace todo bajo amenaza, la participación en la organización es voluntaria al igual que la permanencia.
Principalmente reclaman que están siendo parte de una persecución política a su forma de organización de tipo asambleísta, donde se tienen en cuenta las voces de todas las compañeras para la decisión de las formas de organización, de lucha y actividades que serán llevadas a cabo en el territorio. La misma se hace mayormente en los barrios, en los cuales su labor se acrecentó por el contexto nacional desarrollan actividades destinadas a les niñes (apoyo escolar), la contención de las mujeres a través de talleres con perspectiva de género y sobretodo a las ollas populares. Desde FOL se sienten perjudicados porque al denunciar a solo 4 integrantes no reconocen la forma política democrática.
Organización democrática
Para finalizar Guillermina agregó “la jornada fue importante para poder visibilizar la situación y poder afrontarla con fuerza porque sabemos que de avanzar puede representar un antecedente en contra de todas las organizaciones territoriales”.
Por su parte, en la provincia rionegrina se realizó una movilización con todos los recaudos necesarios por la pandemia bajo la consigna “No a la criminalización de quienes luchamos por un mundo más justo y digno para todos”; también se pudieron leer leyendas como “Justicia sería que investiguen la deuda con el FMI y no a las organizaciones sociales”.